miércoles, 7 de agosto de 2013

Gasto público en educacion privada. Gobierno mexicano no ofrece lugares en escuelas públicas pero paga a universidades privadas


Mientras por un lado el estado mexicano rechaza a 200 mil jóvenes aspirantes a cursar alguna carrera en instituciones públicas de educación superior, por otro, destina fuertes sumas de dinero público para solventar las colegiaturas de hijos de militares en activo en las escuelas privadas más caras del país.
Por medio de la solicitud de acceso a la información pública con el folio 0000700086313 se obtuvo de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que sólo durante el ciclo escolar 2012-2013, 964 alumnos de preparatoria y universidad obtuvieron una beca del 100% en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) solamente por el hecho de ser hijos de militares en activo.
La cantidad de dinero público destinada a pagar al ITESM las colegiaturas de casi mil  hijos de miembros de las Fuerzas Armadas en el último ciclo escolar asciende a 146 millones 89 mil 459 pesos. En total, según el presupuesto de egresos de la federación 2013 la SEDENA utilizará 452 millones 243 mil pesos por concepto de colegiaturas de preparatoria y universidad en escuelas privadas.
Lo anterior significa que el dinero público que el estado mexicano gasta en la educación del hijo de un militar llega a ser más del doble de lo que el estado invierte en la educación de un alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante un año escolar la SEDENA paga al ITESM 151 mil 545 pesos por alumno. Por el mismo periodo de tiempo, el gobierno federal destina 64 mil 770 pesos a la educación de un alumno en la UNAM, la universidad pública más prestigiada del país.

Es así como el gobierno federal destina grandes cantidades de dinero público a escuelas privadas al mismo tiempo que rechaza a más de 200 mil jóvenes nada más en la zona metropolitana y el Distrito Federal. La falta de oferta educativa por parte del estado contrasta no sólo con la demanda de un espacio por parte de los jóvenes sino con el dispendio de recursos públicos que terminan en las arcas de poderosos grupos empresariales o agrupaciones religiosas como los Legionarios de Cristo, dueños de la Universidad Anahuac.
Y las becas para hijos de militares en activo son sólo una de las maneras en las que el gobierno federal, con más énfasis desde el sexenio de Felipe Calderón, gasta dinero público en educación privada. La deducibilidad del pago de colegiaturas en colegios privados instaurada en 2009 generó un gasto fiscal de 13 mil 500 millones de pesos para las finanzas públicas.
De la misma manera el programa anunciado con bombo y platillo por Calderón precisamente en instalaciones del Tecnológico de Monterrey en enero de 2012 para otorgar créditos educativos, el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (PRONAFIES), utiliza más recursos públicos que el Programa Nacional de Becas (PRONABES), con la diferencia de que por medio del PRONAFIES lo alumnos terminan su carrera endeudados con los bancos.
Especialistas en el tema como la profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa, Angélica Buendía, han advertido que el PRONAFIES generará un conflicto estudiantil similar al que se vive en Chile pues los alumnos salen de la escuela, “van a terminar su carrera y van a vivir endeudados, su futuro crece bajo una deuda”.
Basta con acudir a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para corroborar el señalamiento de la profesora Buendía. La ENOE más reciente calcula que el 37.4% de los desempleados tienen entre 20 y 29 años, rango de edad en el que los beneficiarios del PRONAFIES comenzarían a pagar su crédito.
Y aun en el supuesto de que el joven lograra encontrar empleo, el crédito que tendría que pagar sería muy alto. Un ejemplo del que hace muestra un folleto de Nacional Financiera, banca pública que participante en el programa, ofrece los siguientes datos.
Por un crédito del 78% de una carrera con un costo total de 230 mil pesos, es decir, por 180 mil pesos, el alumno pagaría al término del plazo la cantidad de 304 mil 422 pesos, una cantidad notablemente superior a lo que habría pagado de colegiatura sin solicitar el préstamo.
He ahí los riesgos a los que hace referencia la profesora investigadora Angélica Buendía quien también afirma que esta medida “no fue pensada, no fue planeada, ni siquiera consensuada con otros actores sino que al gobierno en turno se le ocurrió y podría causar lo mismo que en Chile en algunos años”.
En entrevista, la Dra. Buendía también lanza una pregunta necesaria “¿Quiénes se benefician de los créditos que les están dando a los estudiantes?”, su propia respuesta es que “en principio, los banqueros” pero para demostrarlo es necesario acudir al funcionamiento de este programa de créditos.
El PRONAFIES funciona básicamente de la siguiente manera: Nacional Financiera, banca de desarrollo que utiliza dinero público, le otorga un préstamo a alguna institución bancaria privada que, a su vez, otorga un crédito al estudiante para que pueda ingresar en la institución privada de su preferencia.
Según información de Nacional Financiera, el monto del crédito podrá cubrir hasta 180 mil pesos, el alumno contará con 10 años para pagar el crédito y este generará intereses a una tasa fija del 10% anual. Y precisamente en las tasas de interés está la ganancia de los bancos.
Nacional Financiera como banca de desarrollo es lo que se denomina una banca de segundo piso, no tiene contacto directo con particulares como la banca privada y presta a tasas de interés menores que estas, la diferencia entre las tasas de interés que cobra Nacional Financiera y las tasas de interés de los bancos privados representa una ganancia para estos últimos.
Sin embargo, para la Dra. Buendía el problema no es que se utilicen recursos públicos en educación privada, “hay investigadores de instituciones privadas con proyectos serios que pueden ser financiados por el CONACYT, el debate entre lo público y lo privado tendría que matizarse, no es una cuestión ideológica, debería ser una cuestión de política pública”.
@a_ilizaliturri

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