Foto: CNN |
Por: Omar Sánchez
Han pasado casi seis años del operativo “fallido” en la discoteca News Divine donde 12 personas perdieron la vida. Enmarcar la palabra fallido entre comillas, no supone que las cosas se hayan hecho de forma correcta, sino que se realizaron exactamente de la misma manera que se venían haciendo anteriormente. La diferencia: una docena de muertos. Para entender la tragedia de aquel 20 de junio en la Delegación Gustavo A. Madero, más que pensar la cadena de errores de esa tarde, se debe comprender la costumbre de corrupción y la cultura de improvisación que impera en nuestras autoridades y nuestra sociedad.
El actual
director del STC-Metro, Joel Ortega, se desempeñaba desde 2004 como secretario
de Seguridad Pública del Distrito Federal. Fue en marzo de 2008 que ordenó una
serie de operativos en establecimientos mercantiles de algunas delegaciones del
DF, cuyo objetivo era verificar su correcto funcionamiento. En un comunicado
emitido por la misma Secretaria de Seguridad Pública en aquel entonces, se leía
textualmente: “que no se ponga en riesgo la integridad de sus visitantes”, en teoría
y en ironía, esa era la principal preocupación por la que se realizaban los
operativos.
Joel Ortega y Félix Cárdenas. Foto: El Universal |
Por otro lado,
las ejecuciones de algunos de los operativos (incluyendo el del News Divine)
eran realizadas por el Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal
(UNIPOL), una comisión creada, por el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard,
cuyo acuerdo fue publicado el 21 de mayo del 2008 en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, es decir, un mes antes de los hechos del News Divine. El
documento constó de apenas dos páginas que contenían ocho artículos. El primero
de ellos dice textualmente “Se crea el Sistema de Coordinación Policial del
Distrito Federal (UNIPOL) como una comisión interdependencial permanente que
tiene como objeto analizar, planear y evaluar las acciones tendientes a la
erradicación de actividades ilícitas, la preservación del orden en los lugares
públicos y la prevención e investigación de los delitos en el Distrito
Federal”.
Así pues, la
UNIPOL empezó a operar bajó la coordinación principalmente de la Secretaria de
Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal. En ese sentido, el artículo 2 establecía los funcionarios que
conformaban la UNIPOL:
I. Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, quien la presidirá;
II. Secretario de
Seguridad Pública;
III. Procurador
General de Justicia;
IV. Subsecretario
de Seguridad Pública;
V. Subsecretario
de Desarrollo Institucional;
VI. Jefe General
de la Policía Judicial;
VII. Director
General del Estado Mayor de la Policía Judicial; y
VIII. Secretaria
Técnica del Gabinete de Gobierno y Seguridad.
Fue apenas una
semana después del inicio de actividades de la UNIPOL, que Joel Ortega y el
Procurador General de Justicia, Félix Cárdenas, dieron una conferencia de prensa
donde anunciaron los logros conseguidos en unos días de trabajo. A diferencia
de lo que sucedería semanas después, en esta ocasión los funcionarios
acreditaron los hechos al trabajo realizado por las dependencias que ambos
dirigían, así como a la coordinación entre ellas. En otras palabras, dieron
cuenta de los resultados obtenidos, a nombre de todas las personas a su cargo,
es decir, asumieron su rol como cabezas al mando.
Era entonces que
el artículo 5 resultaba un buen crédito para Félix Cárdenas y Joel Ortega. El
artículo establecía lo siguiente: “Los Mandos Únicos Operativos atenderán a las
líneas de mando y acatarán las directrices del Secretario de Seguridad Pública
y del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, y los mantendrán informados inmediata y
permanentemente”. Así transcurrió un mes, entre autoproclamados buenos
resultados y sin algún hecho que exhibiera las lagunas que existían en aquella
coordinación.
La estampida los mató. ¿Cuál estampida?
Foto: quenoserepita.com.ar |
Tras los hechos
acontecidos en el News Divine, las primeras planas y los titulares de los
noticieros hablaron de una estampida que había ocasionado la muerte de nueve
jóvenes y tres miembros de la policía. La primera versión de los hechos fue
proporcionada por el mismo Joel Ortega. En conferencia de prensa no dejó de dar
la responsabilidad de las muertes a Alfrado Maya Ortíz, el dueño del lugar. En
este afán, Joel Ortega señaló que de manera lamentable, la administración de la
disco había tomado el micrófono y dicho “que se trataba de un operativo
policial y que serían detenidos”.
En un video distribuido por la misma
Secretaria de Seguridad Pública se puede escuchar que esas no fueron las
palabras de Alfredo Maya. “Vamos a desalojar el lugar. Por favor. El operativo
así nos lo marca”. Esas son las palabras que en realidad se pueden escuchar.
Asimismo, se puede apreciar que tal
anunció, sólo fue causa de rechiflas y quejas, en ningún momento se puede ver
que los jóvenes entraran en pánico y generaran una estampida, como Ortega
aseguraba.
Continuando con
los hechos, Joel Ortega, hizo hincapié en las condiciones físicas del lugar.
Habló sobre las estrechas puertas y pasillos, así como de la salida de
emergencia que estaba cerrada y bloqueada por cartones de cerveza. En ese
sentido, es inentendible cómo es que el lugar operaba con tales
irregularidades.
De vuelta a los
mismos videos entregados por la SSP que se contradecían con lo dicho por Joel
Ortega, se puede observar cómo jóvenes salen uno a uno del lugar, enfilados por
un grupo de uniformados. Los
evacuados eran subidos a camiones del transporte público para ser traslados,
sin razón jurídica, al ministerio público. Tal vez en este punto se pueda
asomar parte de la verdadera razón por la que aquellos operativos eran
realizados: la corrupción.
También según las
mismas palabras de Ortega, lo realizado ese día era una verificación tras
quejas ciudadanas de que en el News Divine se vendía alcohol a menores de edad.
Es decir, las únicas personas que podían ser puestas a disposición o ser
trasladadas ante las autoridades eran el dueño y empleados del lugar, en
ningún momento los jóvenes, muchos de ellos menores de edad, ahí presentes.
Continuando con
lo dicho en esa conferencia de prensa, la Delegación Gustavo A. Madero aseguró
que el News Divine contaba con la documentación necesaria para encontrarse en
operación, incluso con las estrechas salidas y pasillos que Ortega tanto
señaló, incluso con la única salida de emergencia, incluso con la ubicación de
la misma. Es importante recordar que el News Divine operaba desde el 2005 y ya
había sido clausurado, sin embargo, reabrió sus puertas, según la Delegación,
con regularidad.
¿Cómo sucedió que se le concedieron de nuevo los permisos al
establecimiento? Seguramente si no hubiera sucedido lo que pasó, aquel 20 de
junio el dueño del lugar hubiera tenido que desembolsar una cantidad para que
su disco siguiera en funcionamiento, y así todo hubiera seguido con normalidad,
con corrupción.
Según una
petición de acceso a la información, la PGJ reconoció que no existía un manual
para los operativos, por lo que se iban improvisando según las circunstancias.
Semanas después el aún procurador dio una lista de 19 errores que causaron la
tragedia, todos ellos previsibles si existiera preparación y planeación
adecuada, y si el afán de los operativos no fuera el de sacar la mayor cantidad
de dinero posible.
Los camiones en
los que los jóvenes eran trasladados al ministerio público de manera ilegal
eran unidades del transporte público, cuando estos fueron insuficientes los
policías obstruyeron la salida en espera a que llegaran más autobuses de transporte. A mayor cantidad de
jóvenes detenidos, mayor oportunidad para la corrupción. Fue así que las
personas que se encontraban más cercanas a la salida empezaron a ser aplastadas
entre los policías que hacían un tapón y las personas que más atrás tenían la
instrucción de salir. Fue en ese punto que 12 personas perdieron la vida.
Esos 19 errores
representan más bien 19 de los numerosos malos hábitos con los que se manejan
las autoridades en nuestra sociedad. Esos malos hábitos que los altos mandos
pasan por alto y permiten que este tipo de tragedias sucedan. Al respecto,
basta decir que la mayor condena la paga Alfredo Maya, ex dueño del lugar, y también basta decir que
de hecho los cargos no fueron por las muertes, sino por corrupción de menores,
por lo que pasará 29 años en prisión. Asimismo, las demás condenas que
recibieron 22 personas, son a bajos mandos.
Es decir, Félix
Cárdenas, ex procurador general, Joel Ortega ex secretario de Seguridad quedaron
sin condena alguna pues no se encontraron pruebas que los inculparan por los
hechos. Aquel artículo 5 del acuerdo para la creación de la UNIPOL resultó
simple papel y jurídicamente improcedente. Por su lado, Guillermo Zayas, director de la Unipol y de aquel operativo, resuelve su situación con libertad
condicional y no pasó más que unos meses en prisión. Las sentencias que van de
cinco a 24 años de prisión se dieron por lesiones culposas y homicidio culposo,
entre otros delitos de menor gravedad.
Son 12 las
familias que aún esperan justicia y que sobre todo, aún extrañan a sus hijos,
hermanos y amigos fallecidos. Son tres los principales altos mandos que no
enfrentaron más que renuncias por la presión mediática del momento, pero que
ahora gozan de total impunidad ante su inoperancia y complicidad del sistema de
corrupción de las autoridades.
Son 19 los errores que inculpan a todos, menos a
los “jefes”, a los que sí se paran el cuello cuando las situaciones van
conforme a lo planeado, a los que se esconden y escudan en una salida de
emergencia tapada o en un policía que desobedeció sus órdenes. Son 19 los
hábitos que aquel día fueron repetidos como se hace siempre, hábitos llenos de
incapacidad, falta de seriedad, corrupción y sobre todo estupidez de un sistema
que cuida todo menos a sus habitantes, que desprotege a los desprotegidos y que
protege a los protegidos. Son nueve los padres “irresponsables” (como muchos
han llamado) que permitieron que sus hijos estuvieran en un lugar donde
19 errores los matarían.
Son 12 los muertos, 12.
Son 12 las veladoras que
siguen prendidas, casi una por error.
Foto: El Economista |
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