El incendio de la guardería
ABC el cinco de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora truncó de tajo los
proyectos de vida de 49 niños y niñas, además de que marcó para siempre a más
de 70 lesionados y, por supuesto, a sus familias, pero también trajo como consecuencia
un movimiento social que logró la aprobación de una ley de avanzada que protege
los derechos de la niñez mexicana. Logros y pendientes de la lucha por la
justicia en el caso ABC fueron expuestos hoy por representantes del Movimiento
5 de Junio, Tech Palewi, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Durante el foro que se llevó
a cabo la mañana de este martes en el Museo Memoria y Tolerancia en la ciudad
de México se abordaron diversos temas, desde el proceso de duelo de los padres
hasta la armonización de la Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (Ley 5 de junio) en diferentes
estados.
Guadalupe Álvarez de Tech
Palewi, organización especializada en tanatología, explicó que los padres de
los 49 niños que fallecieron y los más de 70 que resultaron lesionados
enfrentan la victimización, la invasión de espacios privados, la
estigmatización por salir a las calles y el agotamiento de la búsqueda de
justicia.
También señaló que la
pérdida de un niño es particularmente difícil pues genera pérdida del proyecto
de vida, un daño existencial, y transformaciones de las identidades. “Han
venido de universidades de Estados Unidos a investigar sobre estrés
postraumático con los padres de la guardería ABC y ninguna universidad mexicana
se ha ocupado de documentar los casos” expuso Guadalupe Álvarez como una
muestra de desinterés de parte de la sociedad mexicana.
Sobre las investigaciones del
incendio, José Francisco García, presidente del Movimiento 5 de Junio, aseguró
que los padres que integran dicho movimiento desconfían de la última línea de
investigación abierta por la Procuraduría General de la República (PGR) y que
apunta a que el incendio fue provocado.
“El 10 de mayo de 2010
Fernando Gómez Mont, entonces secretario de Gobernación, habló de
intencionalidad en el incendio por la existencia de aceleradores de fuego. Ese
es el antecedente de la línea de investigación que abrió la PGR” recordó José
Francisco García quien cree que la hipótesis del incendio provocado tiene el
propósito de exonerar por completo a los funcionarios federales como Juan
Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
José Francisco García
también recordó que Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, propietaria de la
guardería ABC, fue absuelta de toda culpa desde el año pasado cuando se
concluyó el sobreseimiento de su causa. En el mismo sentido, José Rosario
Marroquín, director del Centro Prodh, comentó la manera en que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que aunque hubo violaciones graves a
derechos humanos en el incendio de la guardería ABC, no se podía encontrar
responsables.
Por otro lado, una de las demandas
centrales del Movimiento 5 de Junio, la garantía de no repetición de un hecho
similar, muestra algunos avances. La Ley General 5 de Junio fue aprobada en
2011 y actualmente estados como Jalisco, Puebla, Estado de México y Sonora ya
armonizaron sus leyes locales.
Entre otros logros de la
lucha por justicia de los padres y las madres de los niños de la guardería ABC,
Miguel Álvarez Gándara, presidente de Serapaz, mencionó la colocación en la
agenda pública del tema de la primera infancia y el surgimiento de las víctimas
de violaciones a derechos humanos como un actor protagónico del escenario
nacional actual.
@a_ilizaliturri
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